Miembros del Comité Ambientalista del Valle de Siria viajaron a Tegucigalpa para una conferencia de prensa el primer de agosto sobre los impactos de salud de la mina San Martín. PROAH acompaña al Comité Ambientalista del Valle de Siria, cuyos miembros han sido criminalizados por sus esfuerzos para defender el ambiente, y estuvo presente para la conferencia de prensa, la cual se dio dentro del marco Día de Acción Continental Contra la Industria Extractiva Canadiense. La conferencia de prensa fue encabezado por el Doctor Juan Almendares, un medico con mucha experiencia en las comunidades afectadas por la mina y el coordinador del Movimiento Madre Tierra de Honduras.
La mina San Martín, de la compañía canadiense Goldcorp, estaba operacional en el Valle de Siria desde 2000 hasta 2008. El doctor Almendares y miembros de la comunidad reportan que la mina ha dejado un legado de problemas ambientales y de salud por haber contaminado con metales pesados el agua en la zona. Según el Dr. Almendares, cuando la mina abrió en 2000, solo 8 de cada 100 personas en la región sufrían problemas de la piel. Diez años después, esta cifra se ha multiplicado por diez, a 80 de cada 100 personas. Se ha encontrado altos niveles de metales pesados – plomo, arsénico, y mercurio – en la sangre de niños y adultos en el Valle de Siria.
Un foto reportaje reciente por Carlos Amador del Comité Ambientalista de Valle de Siria documenta “una crisis endémica” de salud en la zona. El reportaje incluye testimonios de miembros de la comunidad, incluyendo Juana Aceituno quien dice, “Mire mi enfermedad! Yo nunca había tenido estas cosas. Llegó esta mina y mi salud se ha dañado. Me duele y no sé que hacer. Esta mina, que es de Canadá, nos vino a arruinar todo aquí.”
El mes anterior, miembros del Comité Ambientalista del Valle de Siria viajaron a Guatemala para el Tribunal Popular Internacional de Saludpara dar sus testimonios sobre el impacto de la mina San Martín en la salud. Miembros de comunidades afectadas por minas de Goldcorp en México, Guatemala, y Honduras dieron testimonios y el Tribunalconcluyó en su veredicto:
“Todos los casos presentados tienen en común elementos de: (a) Contaminación y pérdida irreversible de fuentes de agua, (b) Devastación ambiental irreversible: desaparición de montañas, ecosistemas y alteración del ciclo hidrológico, (c) Polvo que se respira constantemente que contiene metales pesados y sustancias tóxicas que suelen contener elementos cancerígenos y se acumulan en los organismos, (d) Afectación de la cadena de vida: destrucción de cultivos y suelos, enfermedad y muerte de animales silvestres y domésticos.
En los testimonios se denunciaron enfermedades de la piel, de los ojos, caída de pelo, picazón en el cuerpo, abortos, infertilidad, partos prematuros, defectos congénitos y muerte de recién nacidos, daños auditivos, problemas gastro-intestinales, dolores de articulaciones, problemas nerviosos, y casos de intoxicación que han llevado a la muerte… Escuchamos de parte de ex trabajadores de Goldcorp que están afectados de salud, porque sufrieron frecuentemente de intoxicación, desvanecimientos, exposición a químicos tóxicos, y accidentes laborales por falta de equipo y medidas de seguridad. Estos accidentes incluso han llevado a la muerte.”
Pedro Landa, coordinador de CEHPRODEC (Centro Hondureño para la Promoción y el Desarrollo Comunitario) y facilitador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales y Sociales de Honduras, afirmó en la conferencia de prensa que empresas canadienses o con su sede en Canadá son dueñas de 70% de las minas en América Latina y que no es coincidencia que el gobierno de Canadá mandó expertos para asesorar sobre el proyecto de ley minera que el Congreso Hondureño está considerando actualmente. En un artículo reciente, Jennifer Moore de Observatorio Canadiense sobre la Minería (Mining Watch Canada) examina el papel del gobierno canadiense en el proyecto de ley minera en Honduras y reporta que “está gastando el dinero recaudado de los impuestos de los ciudadanos canadienses para ayudar a establecer un marco legal favorable para las operaciones mineras canadienses, contra la voluntad de la sociedad civil hondureña.”
Numerosas organizaciones de la sociedad civil en Honduras han rechazado el actual proyecto de ley minera. La ley pondría fin a la moratoria contra nuevas concesiones mineras, abriendo el camino a la aprobación de las más de 300 solicitudes de proyectos mineras que han sido suspendidas. También permite la minería a cielo abierto, a la cual 91% de Hondureños se oponen según una consulta realizada por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y la Federación Luterana Mundial.
En un comunicado de la Coalición Nacional de Redes Ambientales y Sociales de Honduras sobre la socialización reciente del proyecto de ley minera por la Comisión de Minería del Congreso Nacional y otras agencias del gobierno, denuncian que “En todas las jornadas de “Socialización”, los funcionarios públicos [...] han tratado de engañar a la población expresando una serie de ‘verdades a medias’ que de acuerdo a los principios y valores de la ética, se convierten en ‘mentiras completas’”. La primera verdad a medias mencionada es la declaración que “la nueva ley protege mejor los recursos naturales y brinda mayores controles” cuando en realidad “la verdad de la nueva ley” es que “abre la posibilidad de concesionar las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas para explotaciones mineras, no garantiza el Derecho Humano al agua para la población, […] quita a las municipalidades la facultad de declarar zonas protegidas o productoras de agua, [… y] se disminuyen los requisitos ambientales para obtener una licencia ambiental”.
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