Urgen un giro de política ambiental en Centroamérica en Día de la Tierra.

Decenas de miles de hectáreas deforestadas, ríos contaminados, y habitat de flora y fauna depredados ponen de relieve la urgencia de políticas ambientales en Centroamérica, impactada además por el cambio climático, advierten ecologistas con motivo del Día Mundial de la Tierra este domingo.

Centroamérica sufre cada año decenas de muertos y millonarias pérdidas por los fuertes temporales, las sequías, los huracanes y otros fenómenos naturales, cuyos efectos demoledores están asociados a la variabilidad del clima, a la pobreza que afecta al 40% de sus 45 millones de habitantes y a la destrucción del ambiente.

El Salvador es el segundo país más deforestado del continente -después de Haití-, con solo el 11% de sus casi 21,000 km2 con cobertura boscosa -sólo el 2% bosques originales-, según la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

"El Día del Planeta Tierra encuentra a El Salvador en situación lamentable", afirmó Angel Ibarra, directivo de la UNES.

Según UNES, el 90% de los ríos del país están contaminados, pero un estudio del gobierno destaca que en 55 ríos hay una recuperación con posibilidad de desarrollo de vida acuática.

En Nicaragua desaparecen al año de 70,000 a 80,000 hectáreas de bosques según cifras oficiales, pero ambientalistas calculan unas 120,000 debido al contrabando de maderas e incendios provocados, por lo que el gobierno impulsa una campaña que pretende la reforestación de 30,000 hectáreas en 2012.

En 30 años se extinguieron 38 ríos en la región del Pacífico, la más poblada de Nicaragua, por deforestación y mal manejo de las cuencas. "Hoy solo quedan los rótulos en las carreteras que indican que allí una vez hubo un río", lamentó el ecologista Kamilo Lara.

 El Lago Cocibolca, la mayor reserva hídrica de Nicaragua, recibe los tóxicos usados en agricultura y basura que arrojan sus afluentes, uno de ellos el Lago Xolotlán, que por décadas consumió las aguas servidas de Managua y unos 40 tipos de sustancias industriales.

Guatemala tiene el 48% de sus ríos contaminados, así como también el turístico lago de Amatitlán, a 30 km de la capital, por lo que pobladores lanzaron campañas para limpiarlo.

En Guatemala, según el Instituto Nacional de Áreas Protegidas, al paso de una deforestación de 80,000 a 100,000 hectáreas al año y una reforestación muy insuficiente, el país tendrá en 2015 solo el 28% de su territorio con bosque contra 33% actual.

Organizaciones de jóvenes e indígenas prevén sembrar seis millones de árboles y frenar la explotación minera a cielo abierto. En Guatemala hay autorizadas 416 licencias para la exploración y explotación de minerales.

Costa Rica, que con una cuarta parte de su territorio bajo regímenes de protección ambiental tiene imagen de país verde, enfrenta también serios problemas.

El Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas (IRET) advirtió que en 2006 Costa Rica importó un componente tóxico de plaguicidas que da una relación de 20 kilos por hectárea cultivada, la más alta de América Latina. El uso masivo de agroquímicos afecta sobre todo las grandes plantaciones de frutas tropicales.

Las aguas residuales sin tratamiento -domésticas e industriales- convirtieron a los ríos de Costa Rica en lo que el ministro de Ambiente, René Castro, definió como "una vergüenza nacional".

Pero Costa Rica aspira a ser carbono neutral en el 2021, y el gobierno prohibió la minería a cielo abierto y las actividades petroleras.

Honduras pierde 58,000 hectáreas de bosque al año por la tala para comercio e industrialización ilegal de madera, la ganadería, agricultura, y uso doméstico como leña. Pero emprendió una estrategia para tratar de frenar la deforestación.

Vecinos del pueblo de Tatumbla, a 12 km de Tegucigalpa, celebraron el Día de la Tierra inaugurando una torre de observación para la protección del bosque, un proyecto modelo para Honduras .

"Hemos hecho conciencia en los pobladores que del bosque sobrevienen bienes y servicios ambientales y ahora hay mayor preocupación por cuidarlo", dijo a AFP el técnico del proyecto, el ingeniero forestal Miguel Salazar.

En Panamá "la deforestación se ha incrementado, se le ha abierto las puertas a la minería, se contaminan los ríos, todo porque no se fiscaliza", dijo a AFP Raisa Banfield, presidenta de la Fundación Panamá Sostenible.

Persiste el mal uso del suelo para actividades ganaderas y agrícolas, y al menos 55 especies de aves están en peligro de extinción, por la destrucción de su hábitat.

"El mayor problema es que no existe una política de Estado propiamente ambiental", dijo Banfield sobre el sentir de una mayoría de grupos ecologistas de la región.