En Honduras el corcho se hunde y el plomo flota
En la Sala 5 de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa,se va a desarrollar el
11 y 12 de febrero un juicio oral y público contra 17 ambientalistas del Valle de Siria, acusados de
oponerse a la tala del bosque en el municipio de El Porvenir, al norte de Francisco Morazán.
La acción judicial se basa en hechos ocurridos el 7 de abril de 2010, cuando 600 miembros del
municipio del Porvenir impidieron que se cortaran los árboles que protegen la microcuenca “Quebrada
el Guayabo”, ubicada en el cerro El Tapalito, que abastece de agua a las comunidades: El Pedernal, Guayabilla,
Escanito, Pueblo Nuevo y el Terrero.
De acuerdo a los ambientalistas la tala del bosque pone en precario el acceso al agua y un ambiente sano
para más de 10 mil familias que se benefician del cerro calificado como el pulmón del Valle de Siria.
El Comité Ambientalista y las comunidades afectadas consideraban que el plan de manejo otorgado a
Haydee Urrutia Mejía por el Estado de Honduras, es ilegal porque no cumple con los requisitos establecidos
en la Ley Forestal, Áreas Protegidasy Vida Silvestre que manda la realización de un estudio de impacto
ambiental con la participación de la población que pueda resultarafectada por el proyecto o la actividad
a realizar. “Lo lamentable de todo es que es la Fiscalía del Ambiente quien nos acusa y hoy enfrentamos el delito
de Obstaculización a la Ejecuciónde Planes de Manejo, cuya pena es de 4 a 6 años de reclusión de
acuerdo con especialistas en derecho penal. En el juicio oral y público los jueces dictarán una sola resolución:
Inocentes o culpables”, indicó Carlos Amador del Comité Ambientalista
del Valle Siria.
Inicio de la persecución penal
El pasado 5 de julio del 2011 por orden de captura impulsada por el
Ministerio Público a través del fiscal René Montalván fueron detenidos
Carlos Amador y unos minutos después Marlon Hernández del Comité
Ambientalista del Valle de Siria, llevados a Audiencia de Imputado donde se les dictó auto de prisión con
medidas sustitutivas entre las que se señalaban que tenían que llegar cada 15 días a firmar al Juzgado de
Letras Seccional de Talanga, Francisco Morazán. Posteriormente a otras 15 personas se les siguió igual proceso, entre ellas: Juan Ángel Reconco, Eduardo
Varela Rodríguez, Juan Ramón López
(75), Raúl Agustín Mejía (74),
Reynaldo Antonio Oseguera (66)
y Justiniano Hernández Díaz (64),
Marcio López, José Orlando López,
José Carmelo Maradiaga, Hosman
Herrera Alemán, Luís René López,
José de la Cruz Sandres, Rosa Maximina
Barahona, Víctor Manuel Rivera,
Marco Tulio Martínez y Martín
Erazo, acusados de obstaculizar un plan de manejo el cual fue otorgado
ilegalmente.
El Comité Ambientalista del Valle de Siria, denunció que el sistema judicial no actúa objetivamente en
tanto favorece a los depredadores del bosque, al criminalizar la protesta en nombre de los intereses
nacionales.
Dato
En el Valle de Siria se han reportado numerosos casos de personas que llevan en su sangre altas cantidades
de plomo y arsénico, producto de la contaminación ambiental desarrollada por la explotación de
minerales a cielo abierto por parte de la empresa Entremares, subsidiariade la compañía canadiense
Glamis Gold.
Nueva ley de minería: Paso firme para entregar territorio nacional
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Con la nueva Ley de Minería aprobada recientemente por el Congreso Nacional, se da paso
firme para seguir entregando a perpetuidad el territorio nacional a las corporaciones mineras
transnacionales y la violación de derechos fundamentales como la garantía de acceso al agua para
el consumo humano y agrícola, de acuerdo a Pedro Landa coordinador de la Coalición de Redes
Ambientales de Honduras. Landa fundamentó lo anterior en que la ley dice que las empresas podrán usar toda el agua que requieran que se encuentre dentro y fuera de una zona de concesión.
“Por otro lado, el nuevo instrumento promueve el método de explotación a cielo abierto que en todas
partes del mundo ha sido considerado como el más nocivo y en Honduras hay evidencias para demostrar
que eso es cierto”, agregó. Landa cuestionó que la explotación a cielo abierto daña la vegetación y genera una alta contaminación de las fuentes de agua, porque se utilizan químicos para procesar los metales. Asegura que los ejemplos sobran en
el Valle de Siria donde operó la
minera Entre Mares y en San Andrés,
Copán, donde hay vertientes de agua contaminadas. Actualmente el 5 por ciento del
territorio boscoso esta concesionado para la exploración minera, pero con la nueva Ley de Minería
se entregará más del 15 por ciento. “Otra trampa de de la nueva Ley de Minería es que da facultades
para que a las empresas que se le otorguen las concesiones, socialicen con las comunidades pero hasta cuando ya los proyectos comiencen a ejecutarse”, indicó. “Lo que significa que la opinión de las comunidades no contará
porque el gobierno ya habría hecho un trató con la empresa, y en base a tratados internacionales el
Estado estará obligado a cumplir con la concesionaría”, manifestó.
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