TEGUCIGALPA.- La Corte Penal de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó ayer a un juez de primera instancia decretar un auto de prisión a seis exdirectivos de una ONG creada para combatir la pobreza en diferentes municipios de Francisco Morazán, pero al final hicieron “humo” más de 20 millones de lempiras que otorgó la Comunidad Económica Europea.
Patricia Magdalena Galindo, César Alfonso Gonzales Alcántara (director de Consultores Municipales Centroamericanos), José Rolando Guevara, Ana Eugenia Sánchez Roque, Gladis Argentina Alcántara y María Sagrario Gutiérrez el próximo viernes escucharán al juez decretarles el auto de prisión.
A los seis imputados el Ministerio Público (MP) los acusa bajo la comisión de los delitos de uso de documentos falsos, malversación de caudales públicos y fraude continuado en perjuicio de la fe pública, la administración pública y la propiedad.
Según el expediente 35018-2011, en el marco del convenio de mociones específicas celebrado entre la Comunidad Económica Europea y la República de Honduras, ALA/016-807, denominado Programa de Apoyo a la Descentralización en Honduras (Proades), que funcionaba bajo la modalidad de apoyo presupuestario, tenía como propósito establecer una institucionalidad pública, moderna, eficiente y descentralizada a nivel central y local para la reducción de la pobreza.
Fue así que el Ministerio de Gobernación y Justicia dirigido por Jorge Arturo Reina montó el Programa Nacional de Desarrollo y Desarrollo Local (Proddel) con el objetivo de establecer un marco institucional el 5 de mayo de 2006, y el director de Comuca, César Alfonso González Alcántara, firmaron el convenio de diseño de planes de apoyo municipal por la suma de tres millones 60 mil lempiras; luego el 13 de diciembre de 2006 firmaron otro convenio por la suma de 10 millones 750 mil lempiras.
Estos convenios se hicieron con la finalidad de reducir la pobreza en 10 municipalidades. Luego firmaron un tercer acuerdo por 10 millones de lempiras para 100 comunidades en Marale, San Ignacio, Nueva Armenia, Villa de San Francisco, San Buenaventura, La Venta, Santa Ana, El Porvenir, La Trinidad, Ojojona, entre otros.
Cuando los donantes hicieron las consultas sobre la proyección de Comuca en estas municipalidades se enteraron que no invirtieron ni un tan solo cinco de todos los millones que se habían donado para la reducción de la pobreza, por lo que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizó las investigaciones, y en efecto desaparecieron más de 20 millones de lempiras. (MR)
